04 marzo 2009

La honestidad y austeridad del PP

Uno se empieza a hartar de los políticos de uno u otro lado. Entre corruptelas urbanísticas, de espionaje, de amiguismos, de vehículos etc. ahora va y resulta que el vicepresidente primero de las Cortes Valencianas, que va a cambiar de trabajo a uno mejor pagado (Síndic de Greuges por la gracia de Camps), pide que le indemnicen por los años trabajados (90.000 euros extras a su sueldo de por vida). ¿Qué le indemnicen? ¿Por qué? ¿Acaso le despiden?. Será todo un derecho legal (derecho legal votado por la mayoría de unos señores que quieren tener ese finiquito),  pero sus "señorías" son bastante mayorcitos para saber cuando están creando leyes para su beneficio personal.


Vergara (diario Público 04/03/09)

Intolerable que provenga de un buen hombre del partido popular, partido que defiende tanto la honestidad y austeridad de sus políticos, y que quiere dar ejemplo a todos los trabajadores en cuanto a apretarnos el cinturón.

Eso si, en la Comunidad Valenciana (por culpa exclusivamente de Zapatero) ha subido el paro más que en el resto de España. Medidas así la apoyaríamos todos los parados. Yo lo apoyo, 100.000 euros de indemnización para todos los parados. Ya entiendo porque los valencianos votan en masa al Partido Popular.

La clase política se encuentra a años luz de la realidad nacional e internacional, ellos viven en su mundo de ilusión, y ya pueden llamarse de izquierdas o de derechas que siguen viviendo para preocuparse de ellos mismos por encima de los ciudadanos y ciudadanas que representan.

Que razón tiene Rajoy cuando dice que hay mucha obscenidad en la política.

En fin, ya sabéis que este señor nos defenderá a todos a partir de ahora, así que ya podéis empezar a cantar: "cholbi, cholba, que cada día yo quiero más, cholbi, cholba....".

Postdata, la noticia de la indemnización no aparece en la prensa del régimen por lo que no puedo añadirla.

 Actualización 05/03/2009

Cholbi pide a las Cortes 114.612 euros de finiquito

José Cholbi era vicepresidente de las Cortes hasta el lunes pasado, cuando solicitó la baja como diputado de las Cortes. Una vez desempleado, reclamó la indemnización acordada en 2006 para los diputados que dejaran el empleo público, anticipó el martes Levante-EMV. Cholbi acumula 14 años como diputado en las Cortes en distintas legislaturas y su última nómina era de 8.258 euros. Sobre el papel tiene derecho a una indemnización de 114.612 euros, su última mensualidad por los años de ejercicio como diputado.

El pleno de las Cortes elegirá hoy a Cholbi como Síndic de Greuges. Volverá a tener un empleo público con la retribución correspondiente. Pero durante dos días ha estado parado. Y, según la letra de un acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes en las últimas semanas de la pasada legislatura, los diputados que carezcan de ingresos pueden reclamar el finiquito correspondiente. Y de golpe.

La indemnización por desempleo para los diputados autonómicos estaba prevista como una contribución mensual a lo largo de dos años para ayudar a sus señorías en el tránsito hacia otro empleo, público o privado. Pero el ex presidente de las Cortes Julio de España, en sintonía con la modificación legal que autorizaba a los parados convencionales a solicitar el cobro de sus prestaciones por desempleo en bloque -una fórmula establecida como estímulo para fomentar iniciativas empresariales- decidió ofrecer la misma posibilidad a los diputados.

Una veintena larga de diputados durante la última legislatura que ahora están en paro ha reclamado el finiquito. Un recurso interpuesto por Francisco Javier Tomás, un diputado expulsado del PP en la pasada legislatura, ha impedido que nadie haya cobrado esa indemnización hasta la fecha. Pero Tomás ha desistido de su recurso.

Un miembro de la Mesa de las Cortes explicó ayer que "la indemnización no es graciable" y no la puede decidir el órgano de gobierno del Parlamento autonómico, sino que corresponde al Letrado Mayor elaborar un informe jurídico para solventar cada uno de los casos. Y subrayó que la indemnización es legal, es equivalente a la que reciben los diputados del Congreso y que su concesión depende de la situación laboral del demandante en el momento de solicitarla.

Diario El País